La reforma de la Ley de Contrato de Trabajo impulsada por Javier Milei, con aval del FMI, se presenta como “modernización”, pero en realidad implica un fuerte retroceso en derechos laborales. Profundiza la desigualdad en las relaciones de trabajo, debilita la protección legal y consolida formas de precarización que afectan especialmente a mujeres, jóvenes y diversidades.
El proyecto viola el principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, reduce indemnizaciones, amplía el poder unilateral del empleador, limita el acceso a la justicia y desconoce por completo la perspectiva de género, en contradicción con la Constitución Nacional, la CEDAW, la OIT y los tratados internacionales.
- Modernizar no es quitar derechos.
- Esta reforma es inconstitucional, regresiva y discriminatoria.
- Exigimos su rechazo y el respeto de los estándares internacionales de protección del trabajo y la igualdad.
